Indemnización por daños causados por mal estado de la vía

Cuando por el mal estado de las vías se cause un daño, es responsabilidad del Estado repararlo siempre y cuando en el proceso se pruebe que existe conexidad entre el daño causado y el mal estado de la vía; es a través del medio de control de reparación directa que se podrá solicitar la indemnización por el daño causado de conformidad con lo señalado en el artículo 140 del CPACA.

Recordemos que este medio de control es procedente cuando el daño se causa de:  un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa cuando el daño es causado por el mal estado de la vía, estamos frente a una omisión del Estado, ya sea por la falta de mantenimiento o la falta de señalización en las mismas; incluso aun cuando una obra pública la esté ejecutando un particular el Estado es llamado a responder  por los daños que la falta de señalización o el mal estado de las vías puedan causar.

Ahora, en cada caso en particular es menester analizar las circunstancias que generaron el daño para determinar si existieron causales eximentes de responsabilidad, o si la responsabilidad es realmente del Estado.

Un ejemplo puntual puede ser la muerte de un conductor causada por un bache en la vía sin señalización, ahora bien como ya se mencionó en cada caso en concreto se deben analizar todos los aspectos que concurrieron en la causa del daño para determinar si existe o no responsabilidad del Estado.

Por medio de la reparación directa los afectados pueden obtener la indemnización correspondiente por la ocurrencia del daño, para lo cual se tendrá dos años, ya que de lo contrario se rechazará la demanda por caducidad, los dos años se contabilizan a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.

La jurisprudencia ha reconocido muchas condenas en contra del Estado por causa del mal estado de las vías o falta de señalización en las mismas; tema que nos hace pensar que realmente esto no sería así, si se invirtiera de manera correcta en el mantenimiento y señalización, se evitarían condenas millonarias que causan un detrimento al erario público y cuyo mal estado en la mayoría de los casos por no decir en todos a cobrado muchas vidas.

Información de gerencie.com

Cuándo el Estado puede expropiar en Colombia

La limitación al derecho de dominio, como uno de los efectos que genera el acto administrativo por medio del cual se declara de utilidad pública e interés social un proyecto hidroeléctrico, se aplica a los predios afectados mediante la fijación de copia del acto, junto con la lista que contenga el censo de los predios, en las notarías, oficinas de registros de instrumentos públicos, alcaldías y/o autoridades correspondientes en los municipios involucrados, con el fin de permitir que el propietario del proyecto pueda ejercer la figura jurídica denominada “primera opción de compra”, mediante la cual los bienes afectados por la declaratoria salen del tráfico comercial general para reservarse exclusivamente a la posibilidad de adquisición por parte de la entidad señalada como propietaria del proyecto.

Por su parte, la enajenación forzosa implica que de no llegarse a un acuerdo voluntario para la compraventa de los predios requeridos el propietario del proyecto, en el caso de entidades públicas, o el Ministerio de Minas, en el caso de entidades privadas, expedirá el acto administrativo que decreta la expropiación, el cual procede cuando los titulares de los bienes o derechos se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

El último efecto es el no reconocimiento de mejoras, según el cual las entidades propietarias no estarán obligadas a reconocer adiciones, reformas, reconstrucciones o mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles afectados por las obras, con posterioridad a la declaratoria de utilidad pública.

Fuente: ambitojuridico.com y Minminas