Cada vez es más amplio el consenso respecto a la importancia que tiene la política social, no sólo para mejorar las condiciones de vida de la población, sino también para contribuir a asegurar el crecimiento económico futuro, a través de la formación del capital humano. Asimismo, se reconoce que los programas sociales cumplen una función clave al asegurar el mantenimiento de ciertos niveles de cohesión social, que resultan fundamentales para que las sociedades concretas puedan funcionar.

Este acuerdo puede explicar el esfuerzo que los países latinoamericanos han hecho, desde comienzos de los años noventa, para incrementar los recursos para el sector social.

Si bien existen grandes diferencias entre un país y otro, tanto en términos del porcentaje del producto interno bruto destinado a programas sociales como de la cantidad de dólares per cápita que se aportan para ese fin, puede afirmarse que todos los gobiernos han aumentado los recursos públicos para esta área, incluso con posterioridad a 1997, cuando se quebró la tendencia al crecimiento económico que caracterizó la primera mitad de los años noventa. Sin embargo, ese esfuerzo no se ha traducido en una mejoría notoria de los indicadores sociales ni en una clara reducción de la pobreza.

Es cierto que no se puede pedir a la política social que asuma en solitario esa tarea, por cuanto sólo puede alcanzar resultados positivos en ese campo si va acompañada de un crecimiento, económico alto, sostenido; es decir, que cree empleos de calidad. Pero las disparidades entre crecimiento y programas sociales no pueden ser un argumento suficiente para desinteresarse de algunos mas cruciales que muestran dichos programas.

Tanto en el pasado como en la actualidad, los programas sociales han estado lejos de alcanzar sus objetivos. Ello se debe a las notorias deficiencias en el manejo de los recursos disponibles, así como a una baja en la generación de los productos con los que se pretende cubrir las carencias de la población destinataria.

Asimismo, la deficiente identificación de los grupos a los que deberían estar orientados se traduce en un bajo impacto sobre su situación de bienestar. Todo lo anterior exige que se piense no sólo en el diseño de las políticas, sino también en su gestión.

Este libro se centra, justamente, en el análisis de la formulación, evaluación, implementación y monitoreo de las políticas, programas y proyectos sociales, y de las condiciones institucionales y organizacionales necesarias para obtener resultados adecuados. Todo ello se engloba bajo la expresión gestión social.

En este trabajo se argumenta que el vector central que debe orientar la gestión social es el impacto que los programas y proyectos producen en la población a la que están dirigidos, lo que los autores estiman que implica un cambio radical en la forma de plantear el problema. La política social proporciona también prestaciones de diferente naturaleza a distintas poblaciones, en un entorno institucional variado.

Resulta, por lo tanto, fundamental tener en cuenta estas peculiaridades de los modelos de gestión y superar la simplicidad y los supuestos de los esquemas tradicionales. Por lo mismo, se presenta un modelo de gestión social destinado a mejorar el impacto externo y la eficiencia interna de los programas y proyectos sociales y se analizan los principales problemas que se plantean en su diseño, evaluación, implementación y monitoreo; además, se presta especial importancia a los requisitos indispensables para introducir, desarrollar y mantener mecanismos de mercado en la prestación de servicios sociales.

Cabe destacar que la publicación de este libro se enmarca en las actividades del proyecto Social Policy Management in Latin America and the Caribbean”, que ejecutó la CEPAL con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, en coordinación con GTZ- Sociedad Alemana de Cooperación Técnica. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL”;

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